Las claves del Buen Gobierno en la Administración Pública

Óscar Álvarez Civantos, Las claves del Buen Gobierno en la Administración Pública, Editorial Comares, Granada, 2010.

Análise de Roberto Bernad . Fundación Luis Vives

Es curioso que hayamos asistido antes al auge del discurso de la Responsabilidad Social en el sector privado que al del Buen Gobierno en el sector público, cuando, como recordaba Constantino Méndez, Secretario de Estado de Defensa, en las XIX Jornadas Corresponsables “La RSE y la sostenibilidad en las Administraciones y Empresas Públicas”, las Administraciones Públicas son las que han de abordar su actividad con mayor responsabilidad frente a la sociedad. Es también paradójico que se pidiesen al sector público políticas de promoción de la RSE en el sector privado sin exigir la aplicación de las mismas a las propias instituciones públicas, imaginamos que porque se presuponen cubiertas con su objetivo primero de salvaguardar el “interés general”.

Afortunadamente, el discurso del Buen Gobierno en el sector público está empezando a ser tan importante como el de la RSE en el sector privado, en parte por evolución lógica del tema y, en gran parte, ayudado por los escándalos en los que se ha visto envuelto el sector público en los últimos años.

La publicación de este libro de Óscar Álvarez Civantos nos permite profundizar en este discurso sobre la responsabilidad en la Administración Pública. Como uno de los mayores expertos en España en materia de RSE y su aplicación al sector público, el autor consigue, en las casi 200 páginas del libro, aunar un análisis certero de la situación actual y las dificultades que implica el Buen Gobierno en la Administración Pública con una serie de recomendaciones, a modo de manual, para la aplicación exitosa de estrategias de Buen Gobierno en las entidades públicas.

El libro se estructura en dos bloques importantes. El primero, que abarca el primer capítulo, “El Buen Gobierno en la Administración Pública”, ofrece una visión general de la situación actual de la temática, aportando una serie de recomendaciones para superar los principales obstáculos que las entidades públicas pueden encontrar en la aplicación de códigos de Buen Gobierno o Gobierno Corporativo. El segundo bloque, que agrupa los cinco capítulos restantes, aborda aspectos conflictivos concretos que son, a su vez, claves en la implantación de estrategias de Buen Gobierno en las entidades públicas.

A estos dos bloques se añaden un prólogo, escrito por el actual ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que desde hace años trabaja por la difusión e implantación de la RSE y el Buen Gobierno, y una breve conclusión por parte del autor, en la que se hace un llamamiento final a la adopción de prácticas de Buen Gobierno en el sector público.

Profundizando en los contenidos, en el primero de los bloques, como decíamos, el autor hace una revisión de la situación actual del Buen Gobierno en la Administración Pública. Se repasan los principios que han de regir la labor de las entidades públicas, se analiza la normativa existente que regula la aplicación del Buen Gobierno y se ofrecen una serie de recomendaciones para la implantación efectiva de estrategias y herramientas de Buen Gobierno, para acabar recordando que es la salvaguarda del “interés general” el principal objetivo de las administraciones públicas.

Este primer capítulo comienza con una “justificación moral” particular, que defiende a la clase política y funcionarial frente a las acusaciones de corrupción por parte de los medios de comunicación y la opinión pública, adjudicándoles el mismo nivel de responsabilidad. Sin dejar de ser cierto que una generalización de estas características no es deseable ni adecuada, el autor parece olvidar por un momento que, como garante del “interés general”, la Administración Pública está al servicio de la sociedad. Por esta sola razón, la sociedad no está al mismo nivel que la Administración, y sí está legitimada para llevar a cabo una evaluación de su funcionamiento, por burda que esta sea. Como señala, eso sí, Álvarez Civantos, esta necesidad social de escrutinio nace seguramente de la escasa aplicación de códigos éticos en las instituciones públicas.

Para el autor, la situación actual del Buen Gobierno en la Administración Pública se caracteriza por la baja existencia de herramientas internas de gestión ética, la relativa generalidad de los códigos existentes y su consecuente falta de transposición real a la actividad de la entidad, el miedo al cambio interno y la dificultad de conjugar la compleja regulación con operatividad de las entidades.

El texto repasa las principales normas reguladoras de la actividad pública, como la Orden APU/516/2005 del Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado, el Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, las Recomendaciones de la OCDE o el Estatuto Básico del Empleado Público, concluyendo principalmente que la generalidad de estas normativas hace difícil su concreción real en la actividad de las instituciones públicas.

En este primer capítulo, el autor analiza la claves para la implantación de códigos de Buen Gobierno en las administraciones, señalando como factores principales la existencia de un órgano o comité que coordine la aplicación de los principios; la necesidad de una hoja de ruta definida con la que la Dirección esté comprometida y que se haga extensible a todos los trabajadores de la entidad –para lo que se debe establecer un sistema de incentivos-; y la asignación de recursos suficientes, tanto humanos como técnicos o materiales, entre los que estarían los mapas estratégicos, los indicadores de evaluación y el alineamiento estratégico de los diferentes departamentos de la entidad con los principios del Buen Gobierno.

En el segundo bloque, que Álvarez Civantos titula “Aspectos legales de especial trascendencia sobre el buen gobierno”, se hace un análisis de algunos de los principios más conflictivos en la aplicación de los códigos de Buen Gobierno. Sin pretender ser exhaustivo, a juicio del autor, estos son: el conflicto de intereses, la aceptación de regalos, la gestión de la contratación y las compras públicas, el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial, y el control del Buen Gobierno.

Sobre cada uno de estos temas, el autor hace una descripción de la problemática asociada, analizando los diferentes textos jurídicos que los regulan y la jurisprudencia emitida sobre casos reales. Se contextualiza cada uno de estos principios en el ámbito real de aplicación, haciendo especial hincapié en la transposición de las normativas nacionales a las regionales y locales, y teniendo en cuenta la imbricación de las actuaciones de las entidades públicas y sus trabajadores en los usos y costumbres de nuestro país, que sin un análisis de la situación no sería realista. Se examinan los riesgos actuales y posibles en la aplicación de los principios tratados y, finalmente, se proponen soluciones a los problemas actuales y recomendaciones para una implantación efectiva de códigos de Buen Gobierno.

Entre ellas, el autor destaca la necesaria concreción de las normas de conducta para evitar la subjetivación y la interpretación abierta de las mismas, y la conveniencia de ir hacia procesos de gestión claros y objetivos. Las herramientas de evaluación y la trazabilidad de estos mismos procesos son requisitos básicos para que los códigos de Buen Gobierno no se queden en una mera declaración de intenciones. En este sentido, Álvarez Civantos recomienda la elaboración de guías definidas y suficientemente específicas para cada principio, que ayuden a los trabajadores de las administraciones públicas a aplicar sin dificultad los códigos éticos de su entidad y que estos sean lo más objetivos posible.

A lo largo de todo el libro, se ofrecen medidas concretas para abordar las dificultades actuales y las posibles dificultades en el proceso de implantación de códigos de Buen Gobierno por parte de las instituciones públicas. Óscar Álvarez Civantos demuestra un gran conocimiento no solo de la materia sino del funcionamiento interno de la Administración Pública, ofreciendo un manual realista, práctico y de gran pertinencia en la actualidad.

Finalmente, no quiero dejar de hacer referencia a la edición misma del libro, en parte por la propia temática que aborda, la responsabilidad social. Y es que, la edición del libro, a cargo de la Editorial Comares, no está muy cuidada: numerosas faltas de ortografía y gramaticales salpican las páginas de este libro y dificultan su lectura; el índice no corresponde a la numeración real de las páginas; alguno de los cuadros se visualiza mal, y otros errores quizás más discutibles pero que en cualquier caso no están en consonancia con el contenido del libro. Volviendo a la reflexión inicial de esta reseña, parece que a menudo nos cuesta exigir responsabilidad desde los cimientos y empezamos la casa por el tejado.